Cirugía mayor y sin anestesia
La terminología médica permite calificar cómo los gobiernos distribuyen la riqueza en un país y cuáles son sus prioridades. La revista Salud y Empresa de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario, publicó en su última edición algunos datos interesantes, más allá de los intereses que puede tener la entidad:
-La Argentina gasta entre un 6,5 y un 7 por ciento del PBI en Salud. Si se realiza una ponderación y corrección a través del PBI por persona, puede inferirse que Argentina, en relación a un país del Primer Mundo, gasta tres veces menos, es decir, que si en Canadá se gasta entre el 7 y el 8 por ciento del PBI, Argentina gasta el 2 por ciento, ponderando PBI per cápita.
-Según datos de la AFIP, en 1999 hubo una morosidad del 40 por ciento en las obligaciones de aportes y contribuciones para la previsión en la asistencia médica. Una clara consecuencia de la recesión económica que afecta a todas las actividades productivas del país.
-Entre 1995 y 2001, el país invirtió 14.726 millones de pesos menos que en un período similar del pasado. La revelación se complementa con un comentario: “Debe ser el único país en el mundo (Argentina) en que ante el avance tecnológico de la ciencia, la mayor expectativa de vida, la mayor probabilidad de curar y tratar las enfermedades y el desarrollo moderno de una cultura de medicina preventiva para las enfermedades catastróficas (cáncer y enfermedades cardiovasculares), existe un presupuesto cada vez menor para afrontarlos”.
La cita de estos datos y argumentos surgidos de la publicación mencionada en base al IV Congreso Argentino de Salud desarrollado en Córdoba en agosto pasado, no es caprichosa: más allá de considerarse que para el sector privado la salud es un negocio, que la advertencia venga de ese lado está marcando una señal que no puede soslayarse. Qué quedará entonces para el sector público.
El colapso del sistema de salud argentino, encuentra explicación en las políticas implementadas por los sucesivos gobierno nacionales -en connivencia con algunos provinciales- que en la actualidad priorizan por ejemplo el pago de intereses de la deuda externa -un 22% del gasto en el Presupuesto 2001 (Página 12-2 de septiembre de 2001) antes que -por ejemplo- la inversión en salud.
Entre 1998 y 2000, el gasto en salud en Argentina pasó de 22.702 a 18.400 millones de pesos. Los intereses de la deuda pasaron de 4.112 a 11.097 millones de dólares entre 1992 y 2001. No se trata de incrementos y reducciones proporcionales, pero grafican una tendencia de las políticas oficiales.
Las cifras y los análisis pretenden describir el contexto en el que se explique cómo en un hospital público de la provincia de Santa Fe, estuvo a punto de cerrarse no una sala de primeros auxilios (que también sería grave) sino el quirófano, por falta de recursos humanos.
Las deudas del Pami, la provisión irregular de medicamentos para enfermos de Sida y Cáncer, la reducción de recursos para la implementación de programas nacionales de salud en las provincias, la suspensión de las operaciones programadas en la Fundación Favaloro, conforman un panorama negro en materia de salud, advertido por el propio ministro de Salud de la Provincia, Dr. Carlos Parola, a legisladores provinciales y nacionales.
Los riesgos en este área limitan con la muerte. Cualquier acción que afecte a la salud pública (y a la privada también) pone en peligro la vida de las personas. Es la opción entre la preocupación responsable o la desidia. A nivel nacional, los funcionarios de gobierno ratifican periódicamente el camino elegido. A nivel provincial, los responsables de administrar los recursos económicos tienen la posibilidad de -olvidando intereses y pujar sectoriales- priorizar la vida de la población y de un sistema que está en coma.