Debate sobre comunas

Los acontecimientos ocurridos en la comuna de Franck, nos plantean seriamente la necesidad de fijar la atención en el funcionamiento de las comunas santafesinas y comenzar de una vez por todas un serio debate sobre cómo debe ser su dinámica dentro del sistema republicano y democrático.

Sólo unas pocas voces se han preocupado por instalar en la opinión pública y en los ámbitos políticos la discusión sobre cual debe ser el rol de las administraciones comunales en el siglo XXI, con los estados nacional y provincial en retirada y la complejización de las problemáticas que afectan a los habitantes de comunidades del interior provincial.

Mientras una parte importante de la clase política habla de reducir los costos de la política y de adoptar drásticas medidas para sacar al país de la depresión económica, otros tantos representantes del pueblo mantienen conductas que lejos se ubican de una firme conducción encaminada al desarrollo y el progreso de los argentinos.

En la Comuna de Franck rige una ordenanza que desobliga a los miembros de su comisión a justificar los gastos de Representación que son legítimos pero deben ser rendidos por tratarse de recursos que surgen del aporte de toda la comunidad. Con la grave realidad que atraviesa la Argentina, ¿alguien puede aceptar todavía este tipo de situaciones?.

Los diversos gobiernos que pasaron por esa administración hicieron la vista gorda y mantuvieron el orden de cosas para no complicar la convivcencia política que requiere la función pública, siempre y cuando cada uno mantenga a resguardo sus intereses.

Y es notable la evidencia que aflora de esa comuna cuando el ahora ex presidente comunal pretendió poner límites a esa norma claramente inconstitucional: los demás integrantes de la comisión decidieron su destitución sin demasiadas explicaciones.

La circunstancia, dominada como se sabe por una interna política de la Unión Cívica Radical, no resiste el menor análisis y exige la urgente intervención del Ejecutivo Provincial, que a pesar de las consideraciones de algunos funcionarios, está facultado para inspeccionar e intervenir la comuna para normalizar su funcionamiento.

Sin abrir juicios de valor sobre los acontecimientos que alcanzaron el ámbito judicial y que en gran medida resta esclarecer, las autoridades del Gobierno Provincial, los legisladores departamentales, los propios integrantes de la Comisión Comunal y en general los habitantes de la localidad, deben advertir todo tipo de práctica política -ya sea por acción u omisión- que lesione la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la República.

Cualquier alternativa de cambio que los distintos actores de la realidad nacional y provincial planteen para salir de la crisis, carecerá de seriedad y consenso en contextos de escepticismo y corrupción. En la medida que los funcionarios persistan en acciones que al menos despierten sospechas en la opinión pública, más largo será el camino para revertir el estado de ánimo angustiante que tiene la sociedad en la actualidad dominada por la bronca, el desaliento y el miedo, para dar paso después a un escenario de optimismo y predisposición al cambio.

En síntesis, quedan planteadas dos cuestiones que urge debatir: el marco legal y la autonomía de las comunas para llegar a sus comunidades con las soluciones a los problemas cotidianos y las herramientas para promover su desarrollo; y la conducta de los funcionarios de turno -cualquiera sea el signo político- para asumir la responsabilidad que exige la gravedad del momento histórico que atravesamos.

En ambos casos, será decisivo el rol que adopten los ciudadanos, los vecinos, las comunidades, como verdaderos protagonistas de sus realidades, a través del aporte de ideas y esfuerzo para alcanzar un funcionamiento óptimo de esas estructuras y del control de la labor de sus representantes, mediante la exigencia de transparencia en las acciones de gobierno y en el manejo de los recursos, de responsabilidad en la representación como funcionarios públicos, y de seriedad y respeto por las leyes.