El caso de la Escuela 322 llegaría a la Justicia

En las próximas semanas podría conocerse el dictamen del Concejo Deliberante de Santo Tomé sobre el caso de la Escuela Técnica Nº 322 “Obispo José María Gelabert”, fundamento de una probable denuncia penal cuyo contenido se estudia por estos días en el cuerpo.

Al cierre de esta edición, todavía no estaban definidos los contenidos de la acción judicial para denunciar que habría existido un manejo irregular de recursos, sospecha surgida de la investigación iniciada por el concejal radical Fabián Palo Oliver. Justamente el bloque de la UCR presiona para que el Departamento Ejecutivo Municipal amplíe la información respecto de la administración de esos fondos públicos que debió controlar.

En el año 1996 la Municipalidad de Santo Tomé adquirió un edificio que se destinó a ese establecimiento al que concurren 1.000 alumnos. En ese momento, el municipio firmó un convenio con el ministerio de Educación de la provincia para que este pague un alquiler de 5.000 pesos, teniendo en cuenta que la escuela es provincial. Desde agosto de 1996 hasta abril de 2001, la provincia pagó un alquiler de 5.000 pesos mensuales, en tanto que a partir de octubre de 2001 hasta la fecha abonó 4.250 pesos por una reducción en virtud de la sanción de la Ley de Emergencia Económica en Santa Fe.

En 1996 se sancionó la Ordenanza Nº 1891/96 que estableció que esos fondos -5000 pesos mensuales- sean administrados por la asociación cooperadora del establecimiento para “refacción y ampliación del edificio”. La misma norma señala que el Departamento Ejecutivo Municipal “verificará el destino brindado a los fondos mencionados” e informará sobre el particular al Concejo Municipal.

En marzo de este año, Palo Oliver presentó un proyecto de comunicación mediante el cual instó al DEM a informar si se controló la administración de los fondos provenientes del canon locativo abonado por el Ministerio de Educación y cedidos a la cooperadora; como así también si se verificó “la calidad constructiva de las remodelaciones”; y los procedimientos de las contrataciones para las obras, en cada caso presentando los comprobantes correspondientes. Según el concejal, el DEM contestó parcialmente esa solicitud.

Fondos públicos

La asociación cooperadora presidida en ese momento por Juan Luis Gennaro -cuya gestión se extendió entre 1996 y 2001-, decidió utilizar esos ingresos en la ejecución de una obra para la construcción de 8 aulas. Las primeras cuatro aulas se habrían construido entre 1996 y 1998, en tanto que las otras cuatro a fines de 2000. La cronología de los hechos indica que en abril de 2001 asumió una nueva gestión de la cooperadora y que a comienzos de 2002 surgieron las primeras sospechas.

Los pasos de la investigación los explicó a El Cronista Regional el propio Palo Oliver, quien aclaró que desde su bloque la tarea se dividió en dos etapas: desde agosto de 1996 hasta abril de 2001 (la primera), cuando la cooperadora fue presidida por Gennaro, y a partir de abril de 2001 (la segunda) cuando asume otra gestión conducida por Mario Schulter. “Cuando realizamos el pedido de informes para que el intendente (Roberto Schmidhalter) nos envíe las rendiciones de todos los gastos -relató- la primera sorpresa que nos llevamos es que la construcción de cada aula había tenido un costo de 30 mil pesos aproximadamente. La rendición de los gastos arrojó una cifra: 296.215,35 a mayo de 2002. (para la construcción de ocho aulas)”.

El edil advirtió que el titular del DEM “no cumple en informar cómo fueron los sistemas de contratación, detalles sobre los planos ni los cálculos de obra que son fundamentales para establecer si hubo sobreprecios o no. El sentido común al menos nos lleva a dudar de este monto de casi 30 mil pesos que salió la construcción de cada aula”.

Según el concejal, uno de los contratos de construcción -celebrado el 30 de septiembre de 2000- por cuatro aulas en planta alta, firmado por Juan Luis Gennaro, y el contratista, Jorge Carlos Piagentini, representante de la empresa J. R. Piagentini Construcciones cuyo titular sería su hijo, Rodrigo Piagentini, estableció que esas cuatro aulas en planta alta tendrían un costo total por mano de obra y materiales 118.468,06 pesos, a razón de 29.616 pesos cada una. “Hoy sí podemos comparar estos valores con dos aulas que está construyendo la actual gestión, una en planta baja y una en planta alta, por un monto total de 18.000 pesos” reveló Palo Oliver, quien aclaró que de la actual gestión enviaron toda la información correspondiente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos. “De la gestión anterior -agregó- están faltando los planos y el contrato por las otras cuatro aulas anteriores” (que al cierre de esta edición no se habían incorporado al expediente que tramita el Concejo).

Para el edil opositor, “lo más grave” del caso es la existencia de 18 facturas de la firma Su Casa, empresa constructora de Ricardo Piagentini, por un monto total de 71.286,78 pesos. “La sorpresa es que la primera factura aparece con fecha 12 de marzo de 1999. Cuando hacemos público la existencia de montos tan elevados y teniendo en cuenta que quien había ganado la licitación es otra empresa, de Rodrigo Piagentini, el titular de Su Casa S.R.L. revela que había denunciado ante la policía el 10 de diciembre de 1998 la pérdida de -entre otros- un talonario de facturas tipo B con una numeración del 151 al 200, CUIT 30-64530804-9. Justamente -observó- de esas 50 facturas, 18 aparecen en este expediente, y que tres meses antes se habían denunciado como extraviadas. A la vez, Ricardo Piagentini presenta una nota al Concejo donde informa que ni a título personal ni como empresa ha realizado trabajo alguno para la mencionada escuela, que nunca percibió importe alguno, y vuelve a mencionar las facturas que había denunciado como extraviadas e inhabilitadas por la DGI”.

Según el concejal radical, tanto Juan Luis Gennaro, y el contratista, Jorge Carlos Piagentini, tendrán que dar explicaciones, aunque también “llama la atención la falta de control del DEM y de los organismos correspondientes”.

En ese sentido, “hay un informe de la Secretaría de Obras Públicas de la municipalidad, firmado por su titular, Martín Pujato, donde manifiesta que a partir de agosto de 2001 esa dependencia empezó a hacer el control de la construcción de dos aulas de la nueva gestión y reconoce que con anterioridad nunca habían controlado obras” en esa escuela.

Palo Oliver adelantó que “en menos de 30 días” estará terminado el dictamen final que fundamentará una denuncia penal que presentaría el Concejo que hoy intenta determinar si hubo o no sobreprecios en el valor de la construcción de las aulas.

El edil advirtió que “la Ordenanza Nº 1891/96 establece que la cooperadora debe rendir cuentas a la municipalidad y la municipalidad informar al Concejo porque estamos hablando de fondos públicos”.

“En definitiva es un patrimonio de todos los santotomesinos -resaltó-porque el edificio es municipal y el dinero que paga la provincia en concepto de alquiler también nos corresponde a todos” concluyó.