Ley de Genéricos
Coherentes con una línea de conducta, legisladores santafesinos demoran la sanción del proyecto de ley para la prescripción de medicamentos por denominación genérica, vital para garantizar el acceso de la población a remedios que actualmente en el mercado tienen costos muy elevados.
La Cámara de Senadores dio media sanción a la iniciativa en el mes de junio y los diputados santafesinos se tomaron su tiempo -receso mediante- para estudiar una modificación a ese proyecto, a nuestro juicio sustancial: eliminar el artículo que establece las sanciones para los profesionales médicos que no cumplan con la iniciativa aprobada por los senadores.
El artículo 5º señala que “el incumplimiento de la presente ley, será sancionado con apercibimiento, suspensión, cesantía e inhabilitación de título” y es en definitiva la única diferencia con la Ley Nº 10496 que está en vigencia y que ahora se propone modificar.
La intención confirma el lugar para la solución de los problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos en la escala de prioridades de los legisladores santafesinos. En sentido común indica que la aprobación de un proyecto que obliga a los médicos a recetar medicamentos que son varias veces más baratos y pueden sustituir a aquellos recetados por su nombre comercial, debería ser inmediata. Sin embargo, parece no ser un tema urgente para los diputados.
Lógicamente, más allá de establecer obligaciones para los profesionales de la salud, la norma estaría perjudicando los intereses de los laboratorios proveedores de fármacos, protagonistas principales de un negocio de magnitud.
Y Argentina es “un buen mercado”. Mientras la Organización Mundial de la Salud sostiene que con 380 productos farmacéuticos y veinte combinaciones podrían atenderse todas las patologías, en nuestro país circulan más de ocho mil medicamentos.
La Ley de Genéricos llega a Santa Fe para intentar ordenar el espectro de estos productos. Como se mencionó, la norma encuentra en sus antecedentes la ley provincial 10.496, aprobada en 1990. Allí se establece la obligatoriedad para médicos y odontólogos de prescribir por genéricos y no por marca comercial.
La intención es evitar los excesivos costos que surgen de combinar maniobras comerciales de laboratorios y droguerías, con los intereses compartidos por esos mismos eslabones y médicos.
Los elevadísimos costos de los remedios en el país quedan evidenciados con una simple comparación. El gobierno nacional invierte en el país 24 millones de pesos en materia sanitaria. El treinta por ciento de ese presupuesto se destina a la compra de medicamentos.
La situación difiere notablemente en otros lugares del mundo. En países europeos, por ejemplo, sólo se invierte en productos farmacéuticos el 10 por ciento del presupuesto en Salud. Y en Estados Unidos ese guarismo se reduce aún más y llega al ocho por ciento. A esos datos se suman otros que terminan de confirmar la aberración encerrada en los costos de los medicamentos. Según reveló el senador radical Alberto Beccani, el 25 por ciento del precio de estos productos está destinado exclusivamente al marketing.
Las cifras comenzaron a tornarse más escandalosas con el advenimiento de la devaluación. La actual coyuntura económica y la inestabilidad monetaria han impactado fuertemente en este mercado, generando precios que llegaron a triplicar los que habitualmente se pagaban.
La Asociación de Defensa del Consumidor (ADELCO), realizó recientemente un estudio comparativo de los precios por unidad posológica (comprimido, cápsula, ampolla, frasco ampolla, etc) de 109 productos monodroga (un solo principio activo) agrupados según la droga que contienen, en dosis iguales en cada grupo. A partir de los precios por unidad (publicados por Kairos 286/julio 2002), se determinó la diferencia porcentual entre el mayor y el menor precio de mercado y que demuestran de manera clara y contundente las ventajas económicas que representan los genéricos para los pacientes:
La menor dispersión se encontró en Bromazepan 3 mg (Lexotanil) que, entre las 6 marcas analizadas, mostró 53% de diferencia. La mayor diferencia se encontró en las 5 marcas de Penicilina sódica de 1 millón de UI que alcanzó el 566%, entre el precio más caro y él más barato.
El problema no es demasiado complejo: una vez más la solución pasa por la voluntad política -ahora en el ámbito legislativo- y la decisión de invertir la escala de prioridades entre los intereses de la ciudadanía y los intereses económicos privados.