Los dueños de la tierra
Los tiempos neoliberales impusieron la lógica intrínseca de este modelo económico: la concentración, en este caso de la tierra. Los primeros datos del Censo Nacional Agropecuario confirman que lamentablemente la provincia de Santa Fe no es ajena a esta tendencia.
Algunas de estas podrían ser las causas:
– La convertibilidad (y la paridad uno a uno entre el peso y el dólar): la sobrevaluación cambiaria ocasionaba un abaratamiento de las importaciones y un encarecimiento de las exportaciones. Por esto era muy difícil competir en el mercado internacional, y convenía a los pequeños productores vender sus campos e irse a la ciudad para adoptar un modo de vida alejado de la producción agropecuaria (algo similar pasó con la producción industrial en la época de Alfredo Martinez de Hoz).
– El “modelo agrícola” impuesto en los 90’ que supone fuertes inversiones en agroquímicos, fertilizantes, y dependencia de semillas, cuya producción y comercialización son monopolizadas por empresas transnacionales.
– Insuficiencia de crédito para los pequeños y medianos productores (siempre bajo la espada de damocles de las hipotecas) apoyados casi con exclusividad por el Banco Nación (aunque con tasas no muy bajas). En cambio las grandes empresas productoras tienen todo el crédito porque son parte de grupos económicos que tienen también… los bancos. Crédito para producir y crédito para acumular tierras.
– Los usurarios costos internos de transporte (gasoil, peajes, etc.) para sacar la producción que reducen los márgenes de rentabilidad de los productores.
Asimismo, se mantienen invariables dos problemas característicos de los países periféricos productores de materias primas: la influencia nociva de los oligopolios extranjeros comercializadores de la producción agropecuaria (que reducen los precios pagados al productor, se apropian de parte de sus márgenes y remiten sus beneficios fuera del país) por un lado y el deterioro de los términos del intercambio en detrimento de la producción primaria por el otro.
En este marco, es acusiante la definición de una política pública para el sector en función del interés nacional que redefina quién, qué, cómo y cuánto se produce, cuánto para el mercado interno (es un despropósito que se exporten alimentos cuando en Argentina el 60 % es pobre, el 30 % es indigente y sufre hambre) y cuánto para el internacional, nuevos ganadores en el sector, la cadena de valor agregado, etc. El Estado debe recuperar un rol importante en la comercialización internacional y en la fijación de los precios internos (ejemplos históricos sobran: IAPI, Junta Nacional de Granos, etc) y más aún con la realidad post-devaluación.
Hablar de una reforma agraria en Argentina puede hoy sonar como una utopía. Sin embargo, El Cronista Regional reflejó en su edición de octubre de 2002, la posibilidad de reformar el Código Rural en la provincia de Santa Fe que data de 1901…
De todos modos, es preciso recordar que las reformas agrarias históricamente se han producido mediante la conjunción de tres fenómenos: 1) Extensión del latifundio; 2) Gran voluntad política para transformar la situación; 3) La existencia de actores sociales que reclamen activamente la propiedad de tierras y cuestionen el régimen actual.
En ese sentido, ya existen actores constituídos en Brasil y México, aunque aún son muy incipientes en algunas provincias argentinas e inexistentes en la mayoría. Pero cuidado: esto no es obstáculo para la definición de políticas públicas anti concentradoras.
El Censo Nacional Agropecuario revelará información más precisa y rica en los próximos meses, aunque también más sensible a los intereses de los “dueños de la tierra”.
