Premisa sin fronteras: defender la vida
Premisa sin fronteras: defender la vida

Premisa sin fronteras: defender la vida

Mientras en el país la población manifiesta cada vez más su voluntad de apoyar y defender los derechos de la mujer, la legalización del aborto (en determinadas situaciones) y el derecho a la igualdad de acceso a la salud (el consenso quedó demostrado con el multitudinario Encuentro Nacional de la Mujer en Rosario y con la posterior Marcha Nacional del Aborto el 26 de septiembre); todavía falta decisión y voluntad política a la hora de implementar programas de planificación responsable y garantizar una vida saludable para las mujeres argentinas, violándose así, no sólo la voluntad colectiva sino también los tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que el país adhirió.

El Diario Página 12 del 26 de septiembre (Día por la Legalización del Aborto) señala que se realizan “entre 600.000 y 700.000 abortos provocados por año; lo que lleva a que haya en nuestro país un aborto por cada nacimiento; que se producen 100.000 partos adolescentes entre 10 y 19 años, solamente 3.000 en menores de 14 años,…”

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, definió a los Derechos Reproductivos como: “…derecho de hombres y mujeres a ser informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección, que sean seguros, efectivos, disponibles y accesibles…”

Mónica Gogna, Investigadora Titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, estuvo en Santa Fe en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas desarrollando una conferencia sobre “La responsabilidad de los médicos ante las políticas públicas sobre anticoncepción y aborto”, accedió a dialogar con profundidad con El Cronista Regional Online.

La investigadora del CEDES sostuvo que “es sumamente importante que exista un marco legal para que los médicos actúen sin temor, pero lo fundamental es también que exista un presupuesto, que existan insumos, porque la mayoría de las veces existe la ley o el programa pero no hay una partida de fondos especial para comprar los insumos, es esencial además el tema de la capacitación, formar al personal no sólo en los aspectos técnicos sino en las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción.”

En referencia a la relación existente entre las políticas de procreación responsable y el aborto provocado manifestó que “al implementar políticas de anticoncepción, no digo que se termine absolutamente con el problema del aborto pero sí se disminuye significativamente. El caso de Chile es un ejemplo muy interesante, Chile tiene hace más de cuarenta años una planificación familiar sostenida y hoy en día tiene la mitad de la mortalidad materna de Argentina, significa que estos programas sostenidos en el tiempo, con recursos y decisión política hacen que menos mujeres y parejas recurran al aborto y en consecuencia, como la principal causa de muerte materna son las complicaciones por abortos realizados en condiciones riesgosas, se registran inferiores porcentajes de muerte por esta causa. Existe una relación pero no se puede decir que sea absolutamente lineal, no podemos garantizar que si todos accedieran a la anticoncepción no habría más abortos, pero tiene sin dudas un efecto positivo”.

Rol del Estado

Al Estado le corresponde desempeñar una función esencial en el desarrollo de las políticas públicas de salud, debe actuar como mediador entre los diferentes sectores sociales promoviendo y asegurando la libertad e igualdad entre los ciudadanos, el respeto, la tolerancia y el derecho a una vida saludable. Articular las opiniones de los diferentes sectores de la sociedad y traducirlas en una política clara de salud, representa un desafío necesario e inminente del Estado Democrático hacia la sociedad.

Para la investigadora Mónica Gogna el problema “está relacionado con el derecho de la población a que efectivamente los derechos sexuales y reproductivos, que están amparados por la Constitución Nacional, se puedan ejercer y en este sentido el Estado debe proveer a todos los habitantes de los diferentes credos por igual.”

Los sectores que se muestran reticentes a las políticas de Salud Reproductivas sin duda son minoritarios en la actualidad, sin embargo influyen significativamente sobre las decisiones del gobierno a la hora de implementar estos programas de salud.

Consultada sobre esta cuestión la Investigadora del CEDES dijo que existen encuestas de opinión pública del año 1994 “en las que la gente se ha manifestado siempre a favor de la educación sexual y de las campañas de prevención de SIDA; la población tiene también una actitud favorable sobre el aborto para que se despenalicen algunas situaciones más allá de las actualmente contempladas en el Código. En general hay un alto grado de consenso en la población y la legislación generalmente está por detrás de la opinión de la mayor parte de la población”.

Y finalmente agregó “que nadie estaría obligando a otra persona, que por sus convicciones personales no quisiera, a usar un anticonceptivo oral o colocarse un DIU, la existencia de una ley o de un programa no obliga a nadie a realizar algo contrario a su voluntad, al contrario, el que está prohibiendo que se fabriquen o se distribuyan anticonceptivos sí está imponiendo un proceder pero no el que lo está ofreciendo. No estamos en un país en el que se obligue a nadie o se esterilice masivamente, todos esos son fantasmas que no tienen, desde mi punto de vista, ninguna base real se trata de garantizar el acceso igualitario”.

Más información: Centro de Estudios de Estado y Sociedad. http://www.cedes.org.

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