Prometen compensar a comunas que afronten sobreprecios en la construcción de viviendas

Como política para generar una mínima reactivación y paliar así el alto desempleo, el gobierno de la provincia impulsa la construcción de varios planes de viviendas. La iniciativa contempla tres alternativas: casas en terreno propio, unidades económicas y otras de autogestión.

Estas últimas encierran algunas innovaciones. Están destinadas a personas que no pueden justificar un recibo de sueldo. Por eso es esencial el rol de las comunas, que garantizan los fondos recibidos con su coparticipación. Son casas económicas valuadas en 6.500 pesos.

Pero al margen de las bondades de la iniciativa, la caótica coyuntura económica generó incertidumbre en las autoridades comunales, que ejercen una especie de monitoreo sobre las construcciones. Incluso, algunas de esas autoridades manifestaron a El Cronista On Line sus dudas sobre la factibilidad del proyecto, en virtud de los recurrentes vaivenes cambiarios, que repercuten en aumentos de precios.

De hecho, el director de Vivienda de la provincia admitió que el valor de la unidad habitacional fijado en 6.500 pesos fue estipulado sobre la base de los costos que se manejaban el año pasado. Juan José Morín admitió que esto conlleva una “desactualización” de los valores, pero sostuvo que se están aplicando mecanismos para corregirlos.

El funcionario explicó que su área está abocada a la realización de un “estudio de cómputos y presupuesto” sobre los costos, para adecuarlos al día en el que fueron firmados los convenios. Dichos actos se realizaron la semana pasada y tanto en Santa Fe como en Rosario se entregaron fondos correspondientes al 15% del total.

En función del resultado de esa revisión y al momento de realizar la segunda entrega de fondos -dentro de unos treinta días y a través de los certificados de obras-, la provincia entregará a la autoridad comunal la diferencia que haya implicado el aumento de precios.

Sin embargo, Morín advirtió que como las obras demandarán un plazo original de por lo menos doce meses, deberá intervenir en el proceso la Comisión de Obras Públicas, que analiza los contratos de vinculación entre el Estado y las empresas. Esta comisión debe expedirse en un par de meses sobre estas relaciones contractuales y dictar una legislación o decreto que permita regular los sobre precios. Sobre esa base se interpretarán entonces las variaciones de costos y un eventual reintegro, de acuerdo a lo que estipule la norma.

“Si esa comisión aprueban mayores costos y el presidente comunal demuestra que necesitó invertir recursos propios, sí se le reconocerán. Pero eso no sucede en estos momentos porque no tenemos la forma legal para hacerlo”, explicó Morín.

El funcionario aclaró, en otro orden, que a pesar de los vaivenes de los precios, los futuros adjudicatarios “no sufrirán cambios” en el valor de la cuota que deban pagar”.

“El criterio del gobernador Carlos Reutemann es no aumentar las cuotas de las viviendas mientras los salarios sigan congelados”, sentenció.