Promueven la creación de la Junta Nacional de Desarrollo Agrario
Argentina debe regular el mercado de granos Crédito: Freefoto.com

Promueven la creación de la Junta Nacional de Desarrollo Agrario

La Federación Agraria Argentina promueve la creación de la Junta Nacional de Desarrollo Agrario, con el objetivo -entre otros- de que las agroindustrias nacionales sean la palanca del desarrollo que potencie la capacidad exportadora de productos manufacturados, “cortando así una tendencia que lleva años de generación de riquezas sobre la base de productos primarios, siendo que tenemos plena capacidad humana para que éstos sean comercializados en el exterior, luego de generar mano de obra en nuestro país (mano de obra, que por otro lado en muchos casos es altamente calificada), aumentando sustancialmente los ingresos”.

Por otro lado, otro gran objetivo es que sea para los productores un factor de apoyo en razón que prevé inclusive la posibilidad de satisfacer en conjunto con el sector privado las demandas de agroquímicos necesarios para los cultivos.

El siguiente es el texto del proyecto aludido, que refiere particularmente al financiamiento de la Junta Nacional de Granos (ver nota relacionada):

CAPITULO I – Junta Nacional de Desarrollo Agrario. Creación y organización

Art. 1° – Créase la Junta Nacional de Desarrollo Agrario, la que tendrá por objetivo promover la producción agraria en todas sus etapas, incluyendo la exportación e industrialización. Tendrá jurisdicción en todo el territorio de la República y funcionará como entidad autárquica.

El directorio estará integrado por 11 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo.

El presidente será designado a propuesta de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, debiendo acreditar antecedentes en la materia propia de la entidad y especialmente en la producción, comercio e industrialización de granos.

Seis vocales, que representarán a la zona núcleo de producción: dos a las Asociaciones de pequeños y medianos productores agrarios (uno por FAA y uno por CRA); dos a las Cooperativas agrarias (uno por las cooperativas confederadas, y uno a una federación no confederada); uno representando a la pequeña y mediana Industria, y uno a los pequeños y medianos Comercios de granos.

Todos serán designados de acuerdo con las propuestas de las respectivas entidades, que se elevarán en ternas al Poder Ejecutivo y de acuerdo a la reglamentación que éste dicte. Las entidades podrán revocar los mandatos de sus representantes en cualquier momento de su gestión, debiendo en tal caso elevar nuevas ternas para su reemplazo.

En la misma forma se designarán los vocales suplentes respectivos.

Los restantes miembros representarán a las siguientes zonas productivas marginales: NEA; NOA; Cuyo y Patagonia. Serán designados a propuesta de las entidades de pequeños y medianos productores de las economías regionales más representativas de cada zona y por ternas elevadas al Poder Ejecutivo.

El presidente ejercerá la representación legal de la Junta y la dirección de su administración interna. Sólo tendrá voto en caso de empate.

Uno de los representantes de los productores agrarios ejercerá la vicepresidencia de la Junta.

Art. 2° – El presidente y los vocales de la Junta deberán ser argentinos y no menores de 25 años de edad. Durarán 4 años en sus cargos (con la posibilidad de revocación dispuesta en el artículo 1°), renovándose los vocales por mitades cada 2 años y por sorteo la primera vez. Tanto el presidente como los vocales podrán ser reelectos.

Además de la incompatibilidad general establecida para los funcionarios y empleados públicos, la que alcanzará a todo el personal del organismo, es incompatible el cargo de miembro de la Junta con el desempeño de funciones o empleos en la Administración nacional, provincial o municipal, excepto la docencia. El representante oficial tampoco podrá ejercer actividades que se relacionen directamente o indirectamente con el comercio, industria, almacenamiento o transporte de granos. No se halla comprendido en esta última prohibición el que venda exclusivamente su propia producción

CAPITULO II – Funciones y atribuciones

Art. 3″ – La Junta Nacional de Desarrollo Agrarios, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Organizar, ejecutar y fiscalizar el comercio agrario de la Nación.

b) Proponer al Poder Ejecutivo para su aprobación la fijación de los precios mínimos para los distintos cultivos; cuando las distorsiones del mercado pongan en peligro la sustentabilidad de los productores agrarios o se ejerzan monopolios u oligopolios perjudiciales al interés general de la nación;

c) Ejercer el comercio de aquellos productos en cuya compraventa el Gobierno nacional deba intervenir en defensa de la producción, como consecuencia de la aplicación de los precios mínimos, o cuando la regulación del mercado lo hiciese necesario, y comerciar los productos y subproductos oleaginosos cuando así se dispusiera;

d) Reglamentar y/o regular la compraventa de granos, a los intereses de la producción, el comercio, la industria y el consumo del país, y a los requerimientos del exterior, procurando agilidad y simplicidad en los trámites; de manera de asegurar transparencia, equidad y justicia en los negocios agrarios, teniendo especial énfasis en la protección del los pequeños y medianos productores, sus familias y las encomias regionales, fundamentalmente las que presentan mayor grado de marginalidad;

e) Dictar normas que aseguren al agricultor el precio correcto del producto a negociar, de acuerdo con los tipos y grado fijados en los “standards” o bases de comercialización;

f) Intervenir, con asesoramiento o ejecución, en la fijación de los aforos correspondientes a la negociación de cambio para la exportación de granos;

g) Intervenir en el trámite, discusión y cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales que concertase el Estado nacional, así como de los contratos de compraventa de productos agrarios que el mismo celebrare directamente con estados extranjeros; o en colaborar con el comercio internacional cuando sea realizado por cooperativas, y/o asociaciones de productores (especialmente las de primer grado);

h) Asesorar en la fijación de la política impositiva del Estado, especialmente en cuanto se refiera a gravar la producción y comercio agrícola;

¡) Asesorar y proponer a las entidades bancarias oficiales los planes de créditos a la producción, al comercio y a la industria agroalimentaria;

j) Fiscalizar las entidades que expidan certificados de depósito y/o “warrants” sobre productos agroalimentarios, en tanto tenga relación con la presente;

k) Fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recibo de los mismos y cualquier etapa de su comercialización, manipulación, transporte o industrialización;

l) Determinar los procedimientos más convenientes y dictar las normas de cumplimiento obligatorio para la conservación, desinfectación, preservación y defensa de los productos agrarios en todas las etapas de su comercialización;

ll) Hacer las investigaciones necesarias para comprobar si se violan las leyes en cuanto a la producción, comercio e industrialización de granos, y formular, en su caso, las denuncias pertinentes;

m) Crear, cuando las circunstancias así lo determinen, y si fuese imprescindible, una red del Estado, con instalaciones de recepción, almacenamiento y embarque de granos; adquirir y/o administrar, determinar la ubicación y características generales de los elevadores, terminales y silos;

n) Elaborar las estadísticas técnico-comerciales necesarias para perfeccionar las transacciones y clasificación de los productos agrarios, y para el asesoramiento y difusión de las calidades de los mismos en el interior y exterior del país;

o) Organizar las dependencias y servicios de la repartición de manera que asegure su ágil y económico desenvolvimiento; nombrar y remover a su personal, pudiendo contratar los servicios de técnicos o profesionales para estudios o funciones determinadas y destacar personal técnico especializado al exterior;

p) Elaborar su presupuesto y elevarlo para su consideración al Poder Ejecutivo a los efectos de su aprobación por el Honorable Congreso de la Nación. El que deberá ser acompañado por un plan anual donde se determinen las metas a alcanzar. Mientras no se apruebe un nuevo presupuesto, continuará vigente el del año anterior.

q) Ser el órgano defensor del comercio agroindustrial argentino en el exterior, participando en los foro u organismos internacionales que al respecto funcionen.

r) Determinar los procedimientos más convenientes y dictar las normas de cumplimiento obligatorio para la conservación, preservación y defensa del medio ambiente y la biodiversidad de las especies;

s) Intervenir en la provisión de insumos a los productores, de manera de asegurar equidad y sustentabilidad tecnológica, debiendo además promover la producción nacional de tales insumos;

t) Promover la industrialización de los productos agrarios en origen;

u) Constituir fideicomisos a los efectos de fomentar la actividad agroindustrial.

Además de las funciones y atribuciones establecidas precedentemente, la Junta tendrá todas aquellas otras que sean conducentes al mejor cumplimiento de los objetivos de la Junta.

CAPITULO III – Recursos de la Junta Nacional de Desarrollo Agrario

Art. 4° – La Junta Nacional de Desarrollo Agrario dispondrá de los siguientes recursos:

a) Un porcentaje del importe que recibe actualmente el Estado Nacional en concepto de retención a las exportaciones agroindustriales, el que será aprobado anualmente, y con el cual deberá quedar garantizado su funcionamiento;

b) El producido de las tarifas, tasas y derechos que fije y perciba por los servicios en los elevadores y demás instalaciones de la red oficial -si se constituyese- y por las inspecciones y todo otro que preste la repartición;

c) Las multas por infracciones a las leyes que regulen y fiscalicen el comercio, industrialización y producción agraria, sus modificatorias o complementarias, reglamentos y disposiciones dictadas en consecuencia.

d) Los intereses arrendamientos y tasas resultantes de la administración de los bienes que constituyen su patrimonio de afectación;

e) Las donaciones y legados.

Art. 5° – Los saldos de los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio que no tengan otros destino fijado por la ley, podrán ser aplicados por la Junta a financiar presupuestos futuros de la entidad o a constituir fondos de reserva sobre cuya utilización y destino podrá la Junta resolver con aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 6° – El patrimonio afectado al cumplimiento de las funciones de la Junta estará constituido por:

a) Los elevadores locales y terminales, galpones, silos subterráneos y depósitos que integren la red oficial, con sus terrenos, embarcaderos y demás instalaciones accesorias, dependencias y anexos;

b) Los inmuebles, muebles, semovientes, derechos, créditos y otros valores públicos o privados que la Junta adquieran y/o reciba por cualquier título;

c) Las reservas que se constituyen en relación con los resultados de los ejercicios y que la Junta resuelva incorporar a su patrimonio en las condiciones establecidas por el art. 5°;

d) Los demás bienes que le fueren asignados por leyes o decretos.

Art. 7° – En los casos en que la Junta deba intervenir directamente en el comercio externo, el Banco de la Nación Argentina, a través de redescuentos especiales del Banco Central de la República, proveerá los pesos necesarios para que la Junta compre los granos que exportará. Las divisas que por esas exportaciones se produzcan ingresarán al Banco de la Nación Argentina, y serán destinados a cancelar los redescuentos al Banco Central.

CAPITULO IV – De las inscripciones. Infracciones, sanciones y recursos

Art. 8° – Créase el Registro Nacional de Operadores en el Comercio de Granos, donde deberán inscribirse obligatoriamente quienes operen en el sector, cualquiera sea su figura jurídica.

La falta, suspensión o cancelación de la inscripción prevista, no impedirá el ejercicio de las atribuciones acordadas a la Junta Nacional de Desarrollo Agrario, ni eximirá a los sometidos a su régimen de las obligaciones y responsabilidades que se establecen para los inscriptos.

Art. 9° – La Junta no inscribirá a sociedades cuando alguno de sus integrantes estuviere inhabilitado por infracción a la presente ley, cuando el o los inhabilitados se desempeñaren como director, consejero, administrador, gerente, síndico, mandatario o gestor. Asimismo, excluirá a las que estuvieren inscriptas cuando dentro del término que le fije no excluyan al inhabilitado.

Art. 10° – En el caso de inhabilitación a accionistas de sociedades anónimas y cooperativas que no actuaron en las funciones indicadas en el artículo anterior cuando se cometió la infracción que determinó la inhabilitación, no podrán formar parte de otras sociedades para desarrollar actividades de las previstas en esta ley ni hacerlo a título individual.

Art. 11° – Toda infracción a las disposiciones vigentes sus decretos y resoluciones reglamentarias, previo sumario en que se asegurará el derecho de defensa y se valorará la naturaleza de la trasgresión, los antecedentes del infractor y el perjuicio causado, será reprimida con apercibimiento, multa de hasta $ 500.000.- (monto que el Poder Ejecutivo actualizará bimestralmente), suspensión o cancelación de la inscripción.

Si como consecuencia de la infracción cometida resultara la obtención de un beneficio ilícito para el infractor o tercero, al importe de la multa se sumará el de ese beneficio -aunque se sobrepase el límite fijado. En caso de reincidencia, se podrá imponer además de la, multa, la suspensión o cancelación de la inscripción.

Art. 12° – Las sanciones previstas en la presente ley serán impuestas por la Junta Nacional de Desarrollo Agrario y de su resolución podrá reclamarse, dentro de los 20 días hábiles de notificación y previo depósito del importe correspondiente si se tratase de multa, mediante recurso de reconsideración y apelación en subsidio.

Este recurso se deducirá fundadamente ante la misma Junta, la que deberá resolverlo dentro del término de 60 días contados desde la fecha de su interposición. Si la resolución fuese confirmatoria de la sanción impuesta, notificada que sea al infractor, se remitirá el expediente a la Cámara nacional de apelaciones en lo civil, comercial y penal especial y en lo contencioso administrativo de la Capital federal o a la Cámara nacional de apelaciones que corresponda, según las leyes que determinen la jurisdicción de la justicia nacional. Recibido el expediente administrativo, la Cámara con sus solas actuaciones, salvo que se alegaren hechos nuevos, llamará a autos para sentencia y la que dicte será definitiva e inapelable.

Art. 13° – La suspensión o cancelación de la inscripción implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local. A tal fin estas sanciones serán notificadas por la Junta a las autoridades pertinentes, a los efectos de que no se practique inspección alguna, ni se otorgue ninguna clase de certificados que sirvan para facilitar las operaciones de compraventa, transporte o exportación de granos.

Art. 14° – Cuando los infractores sean sociedades, los directores, consejeros, gerentes, administradores, síndicos, que hayan intervenido en las operaciones ilícitas, serán personal y solidariamente responsables.

Art. 15° – Las acciones para imponer sanción por infracciones a la presente ley, sus decretos y resoluciones reglamentarias prescriben a los 5 años.

El término para, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción.

Art. 16° – Las acciones para hacer efectivas las multas aplicadas prescribirán al año. El término comenzará a partir de la fecha en que la resolución haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Art. 17° – La prescripción de las acciones para imponer sanción y para hacer efectivas las multas se interrumpe por la comisión de una nueva infracción y por todo acto de procedimiento judicial o sumario administrativo.

Art. 18° -. A los efectos de considerar al infractor como reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta cuando hubiera transcurrido el término de 5 años. Salvo que el infractor estuviese alcanzado por la ultima parte del Art. 10° de la presente ley, en cuyo caso siempre se lo tendrá como reincidente.

Art. 19° – Los sumarios en trámite o los que corresponda iniciar por infracciones a las disposiciones que han regido hasta el presente en la materia, serán instruidos y resueltos por la Junta, conforme al procedimiento establecido en esta ley

CAPITULO V – Disposiciones generales

Art. 20° – Declarase expresamente que, por su naturaleza, funciones, carácter y destino de los recursos, la Junta Nacional de Desarrollo Agrario queda excluida de las disposiciones sobre economía relacionadas con el presupuesto general de la Nación.

Art. 21° – Pasarán a la Junta Nacional de Desarrollo Agrario todo el personal, patrimonio y competencia de los órganos de control y fiscalización de granos existentes, como así sus funciones.

Art. 22° – Deróguense las leyes y toda otra disposición, en cuanto se opongan a las de la presente ley.

CAPITULO VI – Disposiciones transitorias

Art. 23° Toda instalación que habiendo pertenecido a la ex Junta Nacional de Granos y que en el presente exista en el Estado, pasará a ser patrimonio de la Junta de Desarrollo Agrario.

Art. 24°. – Comuníquese, etc.

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