Regular la comercialización en el sector granario
Regular la comercialización en el sector granario

Regular la comercialización en el sector granario

El mercado internacional de granos ha tenido históricamente una elevada participación de grandes empresas comercializadoras de los países desarrollados, quienes llevaron adelante prácticas de manejo de precios que perjudicaron a los productores y captaron porciones crecientes del excedente generados por éstos. Esta situación llevó a que muchos países implementaran políticas y medidas que ponían freno al accionar monopólico de esas grandes empresas, y buscaban la protección de los sectores más vulnerables y de menor poder de negociación.

El comercio de granos en nuestro país ha demostrado un grado superior de concentración a raíz de varios factores, dentro de los cuales, la falta de regulación ha provocado que los pequeños y medianos productores se encuentren desprotegidos y a merced de las grandes empresas concentradoras que en la mayoría de los casos son transnacionales.

El Estado Nacional ha abandonado la iniciativa de llevar adelante políticas activas, en general para toda su actividad, pero en el sector granario las consecuencias han sido particularmente graves. Ello debido a que la concentración de la comercialización golpea especialmente a los más débiles de la cadena, en este caso, los pequeños y medianos productores.

La teoría económica coincide en general que si en la práctica existe una situación de monopolio u oligopolio, se requiere la intervención reguladora del Estado, a los efectos de evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado, y abusos en el poder unilateral de quienes concentran determinadas actividades.

Resulta imprescindible retomar caminos, prácticas o recursos que ya se usaron en nuestro país y resultaron de gran éxito; o tomar el ejemplo de otras naciones o bloques económicos (Canadá, Francia, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea) donde se establecen normas claras para regular el comercio de granos.

Las mismas procuran la igualdad de condiciones y parámetros de negociación, para que ser pequeño productor o cooperativa no sea una condena de marginalidad o desigualdad tal, que los ponga a la zaga de las empresas grandes.

En estos países la problemática señalada se resuelve llevando adelante Políticas de Estado, por si o a través de entidades que las gestionen, para que todos los agentes, especialmente los más desvalidos, tengan oportunidad de participar en iguales condiciones en la comercialización, de tal forma que no existan o al menos se minimicen las asimetrías distorsivas de la economía.

Esas políticas sirven además al Estado para llevar adelante las negociaciones con otros Estados, cuando existan intereses superiores que así lo demanden.

En la Argentina, crear la Junta Nacional de Granos es de superior importancia, ya que esta producción es uno de los principales motores de su economía, tanto por su volumen como por el dinamismo de la actividad, que hace que en un breve tiempo se logren los resultados.

El sector resulta también una de las principales fuentes generadoras de divisas, cuyo valor en las nuevas condiciones de la economía nacional se convierte en crucial para el crecimiento.

Esta entidad llegaría a llenar un vacío que hoy padece nuestro país, por el cual han desaparecido gran cantidad de pequeños y medianos productores ante la inexistencia de políticas que desde el estado orienten y regulen la actividad, dando igualdad de oportunidades de manera equitativa a la economía agraria y contribuyendo al desarrollo armónico de las distintas actividades y regiones de la nación.

Esta Entidad será el ámbito de discusión que los sectores involucrados tendrán para darse y darle al estado las políticas que armónicamente organicen la producción agrícola, procurando que nuestra patria tenga un buen posicionamiento en el contexto del comercio mundial, donde cada día resulta más difícil y riesgoso competir para los más débiles de la cadena.

Es deber existencial del Estado procurar el desarrollo armónico de su territorio como de sus habitantes, por lo que con la creación de esta entidad se logrará el marco de discusión, elaboración y ejecución de la política agraria, siendo ésta la herramienta que permitirá a nuestro país comenzar una nueva estrategia de inserción en el mundo a través de las pequeñas y medianas empresas del sector.

Con el desarrollo de las políticas propuestas se logrará no solo mejorar la calidad de vida de muchos de sus ciudadanos, sino que también ingresarán divisas al país y recursos al Estado.

El mecanismo propuesto para la operatoria de la Junta, cumple una doble función: por un lado, financia con pesos la compra de los granos (haciendo un aporte a la sustentabilidad de los pequeños y medianos productores), y por el otro, garantiza el efectivo ingreso de las divisas correspondientes al Banco Central, contribuyendo al aumento de las reservas internacionales.

El futuro presagia que los alimentos serán básicos en un mundo en crecimiento casi desmesurado y plagado de desigualdades, donde los países centrales tienen ingresos per capita varias veces superiores a los de los subdesarrollados. En este contexto la agricultura tendrá un rol fundamental como la materia prima para la elaboración de éstos.

No obstante, el precio del producto final cada vez incluirá una porción menor del precio del producto primario, de tal manera que si los productores más desprotegidos no reciben del Estado apoyatura para participar de las cadenas de valor, u obtienen seguridad de precios sustentables, las desigualdades serán progresivas.

Constituir la Junta de Granos conducida en las condiciones planteadas, garantiza que contaremos con igualdad de oportunidades, políticas activas hacia el desarrollo agrario, sustentabilidad económica, asesoramiento estatal accesible, presencia nacional en los mercados, regulación de las asimetrías, valorización justa de los granos, protección de las economías regionales, en definitiva un desarrollo armónico del país de manera que todos cuenten con igualdad de oportunidades ante igual esfuerzo.

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