Sembrar a futuro

Los productores hortícolas del cinturón verde de la ciudad de Santa Fe tienen previsto fortalecer las relaciones y gestiones realizadas junto a organizaciones que nuclean a los trabajadores de la tierra en otras partes del país. Sería la concreción de un anticipo que este medio realizó el año pasado, cuando se dio cuenta del nacimiento de un nuevo frente masivo de quinteros a nivel nacional.

La realidad del sector no admite pasividad alguna. Décadas de trabajo en negro, competencia desleal, desamparo de las economías regionales, falta de controles sobre el ingreso de productos desde países vecinos, son algunos de los argumentos que deben movilizar para producir un cambio profundo.

Y un logro concreto perfila ese camino: el decreto presidencial para el Contrato de Mediería Frutihortícola, que permitirá a miles de trabajadores ingresar al sistema laboral mediante un acuerdo entre el quintero -dueño de la explotación- y el mediero, quien junto a sus peones, día a día pone sus brazos en las entrañas de la madre tierra.

Este nuevo marco legal le permitirá al mediero desarrollar su actividad con el respaldo de un documento concreto donde se dejen expresadas las condiciones de trabajo acordadas con el dueño de la explotación, olvidando ya los acuerdos precarios que se contraían sin demasiadas garantías.

De todos modos, también habrá que admitir que la norma transfiere una responsabilidad importante al mediero, que deberá asumir las cargas fiscales de los empleados que a su vez contrate para el trabajo en las quintas. La cruda realidad que atraviesa el sector abre un panorama de incertidumbre sobre este aspecto, que seguramente obligará a una profundización y nuevo estudio de la regulación en la materia, teniendo en cuenta las dificultades que tendrá el mediero para afrontar esos costos con las flacas ganancias que obtiene en la producción de hortalizas en la actualidad.

Sin embargo, la aprobación de una regulación específica para el Contrato de Mediería además de ser histórica, es incuestionable, y representa el punto de partida para mejorar la calidad de vida de los trabajadores a partir de una legislación laboral concreta. Porque aunque cueste creer, los trabajadores de las quintas nunca existieron: esto que se dice socarronamente, encuentra sustento en la realidad. Nunca existó en la legislación laboral la figura de quintero-mediero o algo por el estilo, a pesar de tratarse de una actividad fundamental en muchas partes del país, clave en localidades de la región y muy arraigada en el estilo de vida de los habitantes de estas tierras.

La falta de marco legal, evidenció durante años la distancia que existe entre la banca de un legislador y el surco donde entierran sus esperanzas y expectativas de vida cientos de argentinos y santafesinos (incluso muchos hermanos de países vecinos). Sólo algunos excepcionales integrantes de la clase política nacional y provincial habían advertido la necesidad de atender la situación de un sector importante de la economía, y no sólo en ese estricto sentido, respecto de su incidencia en la producción del país, sino también de una actividad que permite esencialmente la subsistencia de miles de familias a través del autoabastecimiento de frutas y hortalizas.

Más allá de estas consideraciones, sería muy interesante -y necesario- que las asociaciones de frutihorticultores de toda la Argentina, unifiquen sus luchas y objetivos en una organización madre que permita presionar a las autoridades del gobierno nacional (este o los que vengan) para resolver muchas cuestiones más vinculadas a la crisis del sector. Y por su puesto, que se genere el debate genuino en las asociaciones locales, como la Sociedad de Quinteros en Santa Fe, para arribar no sólo a los acuerdos que este nuevo marco legal permite alcanzar, sino también a metas concretas para levantar a las quintas en toda la región.

Están sentadas las bases. En medio de una grave crisis económica, es difícil salir adelante, pero desde la ilegalidad, era doblemente difícil. Sembrar a futuro será asumir el desafío de regularizar la actividad. Y la empresa requiere una vez más la honestidad del dueño de la explotación y -quizás más que nunca- la responsabilidad del mediero.