Una Ley de Educación sin diagnóstico ni debate es inviable
El diputado provincial Hugo Marcucci se refirió a la nueva Ley de Educación provincial aseverando que carece de seriedad una aprobación que no considere un análisis del sistema educativo santafesino de los últimos años.
“Para que una Ley de este carácter sea conducente y efectiva no podemos ignorar los datos que arroja nuestra realidad escolar tras la implementación inconsulta de la repudiada Ley Federal y su consecuente fracaso. Tras casi 15 años de aplicación no se concibe la idea de imponer otras reglas sin las debidas evaluaciones diagnósticas y una apertura real del esquema incorporando al debate a los sectores involucrados y a personalidades significativas en la materia, apuntando a un proyecto consensuado en toda la amplitud de este término”, expresó el legislador.
Marcucci recalcó que la Ley Federal implementada en la provincia por el actual gobernador en su mandato anterior, a través de la adhesión al Pacto Federal Educativo mediante la Ley Nº 11.430, fue el instrumento que terminó con la escuela común en la provincia, fragmentando el sistema en tres calidades: la rural, la urbano marginal y las escuelas del centro.
“¿Qué significa adherir a una nueva Ley en materia de educación con un fracaso a cuestas que no ha sido dimensionado, caracterizado ni cualificado desde ninguna perspectiva? Evidentemente, es querer reencaminarse a ciegas y a la postre sin la insustituible representatividad ni apoyos necesarios para conducirse exitosamente”, reflexionó el diputado.
“¿Dónde se informa acerca del rendimiento educativo de los alumnos; los datos cuantitativos y cualitativos de egreso de la EGB y Polimodal de modo transparente y desagregado? ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento del financiamiento educativo y qué gestiones se han realizado para garantizar los fondos necesarios? ¿En qué condiciones de cumplimentación se encuentran las currículas actuales? ¿Qué líneas de acción se han trazado para diseñar las nuevas estructuras curriculares? Estas y otras son preocupaciones que no deben ser de mi única potestad”, señaló Hugo Marcucci.
Para el legislador existe un intento de violación a las autonomías provinciales cuando se desea sujetar las decisiones provinciales en la materia a lo “concertado” en el marco del Consejo Federal. Por su parte, en instancias decisivas de la sanción de la Ley de Educación nacional, representantes de los maestros expresaban en una reunión mantenida con diputados nacionales de la oposición que “al hacerse una ley sin los debidos diagnósticos de problemas, sin definir en cada jurisdicción el tipo de cambio al que se aspira, sin establecer el modo de financiamiento de las reformas ni las relaciones con la ley de financiamiento, en lo que respecta a los criterios para las distribuciones del aporte nacional, se puede suponer que se corre el riesgo de una nueva situación engañosa”.
En innumerables oportunidades históricas la oposición a dejado traslucir esta deficiencia presentando proyectos para la constitución de comisiones especiales dedicadas a la confección de la siempre ausente Ley de Educación provincial. Desde 1958, año en que se sanciona la creación del Consejo General de Educación (derogado en 1977) no existen en la provincia leyes en la materia. Marcucci asegura que ni siquiera el regreso de la democracia repercutió en el modo de calificar a la educación como prioridad ya que todos los proyectos enunciados tuvieron siempre el mismo destino final: la caducidad. “Hoy parece haber una premura que no se dejó ver nunca desde el regreso de la democracia, queriendo enviar un proyecto a días de las elecciones provinciales y que carece absolutamente de la seriedad que amerita nuestra educación”, finalizó el diputado.
