Asentamientos de sectores populares: hacia un nuevo paradigma
Déficit habitacional, políticas públicas poco acertadas, baja productividad en construcción, subsidios mal repartidos y reglamentaciones que no hacen más que imponer trabas formales y burocráticas, son algunos aspectos que hablan del fracaso de las planificaciones y políticas tradicionales de asentamientos humanos de sectores populares, según un estudio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Los números acompañan: con el 4% del Producto Bruto Interno destinado a planes de vivienda, sólo se construyeron 4/5 viviendas cada 1.000 habitantes en las últimas décadas, lo cual incrementa el déficit de unidades, que alcanza el 80% en los sectores de más bajos recursos. Las viviendas llave en mano sólo llegan a los sectores más favorecidos del espectro social, mientras se multiplican las villas de emergencia sin que existan programas oficiales que ataquen el problema de forma integral. Y una fracción cada vez más importante de la población se ve excluida de los servicios sanitarios básicos y carece de la infraestructura social adecuada.
Las afirmaciones son parte de las conclusiones del trabajo de investigación “Planificación y gestión social de los asentamientos humanos de los sectores populares”, dirigido por el arquitecto Aldo López Van Oyen y enmarcado en los Cursos de Acción para la Investigación y el Desarrollo (CAI+D), que promueve y subsidia la UNL.
“Es una constante que en la lucha por la apropiación del espacio urbano los sectores con menores recursos sean marginados y ocupen espacios con carencia de todo tipo de infraestructura. Esta condición social tiene en Santa Fe una consecuencia muy concreta que determina una fuerte connotación negativa en la formación del hábitat: los terrenos que ocupan estos vecinos son bajos e inundables, lo cual deteriora notablemente la vivienda y la calidad de vida en general, sino es permanentemente atendida”, comienza a describir el trabajo.
Los indicadores de saneamiento ambiental -tales como la disponibilidad de agua potable y de servicio de desagüe cloacal a la red pública- tienen un impacto decisivo en las condiciones y calidad de vida de la población y específicamente, detalla el escrito, afectan los niveles de mortalidad infantil y otros indicadores de salud (enfermedades infecciosas, diarreas y enfermedades respiratorias y de piel). En tanto, la cobertura de la población con servicio de agua potable domiciliaria o corriente es limitada, y es mucho menor el servicio de desagüe cloacal.
Analizan los investigadores que, cuando casi el 30 por ciento de la población vive con tales carencias, “la ciudad -además de empezar a asumirse como pobre- debe tomar medidas concretas y urgentes no sólo para atacar frontalmente las consecuencias de un proceso recesivo y de acelerado empobrecimiento, sino de planificación a corto, mediano y largo plazo, para decidir eficazmente y con el mayor consenso social posible, que es lo que va a hacer”. Y en esto juega un rol central una acertada planificación.
Hacia un nuevo paradigma
Una planificación adecuada -indican los investigadores- es aquella que involucra a los distintos actores sociales y que surge “a mitad de camino entre la planificación imperativa totalitaria y la planificación defensiva de diversos sectores en pugna que para su exclusivo beneficio interactúan en el campo económico y también en el social y político, marginando las necesidades de la mayoría”.
“La planificación no es sólo una puesta en marcha de planes oficiales, sino que es una ciencia, una técnica, arte y organización participativa”, agrega el trabajo, mientras destaca la necesidad de que sea recíproco el intercambio entre los distintos actores intervinientes.
En este sentido, los profesionales delinean un nuevo concepto de planificación y la definen como “un proceso político-técnico de gestión social en que se desarrollan espacios de articulación de los actores sociales pertinentes públicos y de la comunidad, en los que se procesan participativamente con crecientes grados de racionalidad, eficientemente y eficazmente en las estrategias de acción y de aplicación de los recursos disponibles y accesibles en procura de metas compartidas que otorguen y mantengan la direccionalidad del proceso”.
Este enfoque -en elaboración- se basa en diversas experiencias de desarrollo de proyectos de sectores populares en Latinoamérica, conducidos por estrategias alternativas la mayoría de las veces, pero sin participación significativa del sector público.
La elección de las tecnologías
Según indica el escrito, en lo relacionado con la vivienda -especialmente con la vivienda social-, el fenómeno de la elección de tecnologías apropiadas para su construcción no tiene mas de 150 años. La coincidencia con la consolidación de la Revolución Industrial no es gratuita: ante la demanda de cobijo para las familias de trabajadores, se echó mano a tecnologías industrializadas muy de acuerdo en sus postulados con la de la Revolución Industrial. Se comenzó a pensar la vivienda no en términos de solución artesanal de problemas puntuales, sino en términos de solución masiva de necesidades sociales; de allí surgen una gran cantidad de tecnologías que fueron adaptándose en mayor o menor medida a las situaciones reinantes.
El resultado progresivo fue la paulatina pérdida de las capacidades individuales de dar solución al problema del cobijo; cuestiones estéticas, culturales, de adecuación a materiales y usos regionales, fueron reemplazadas por un “deber ser” marcado por las modas y la industria.
La elección de tecnologías apropiadas, que deben representar un equilibrio entre las cualidades técnicas, la variabilidad económica y la capacidad de adaptarse al medio ambiente, debe ser un proceso del que formen parte los diversos actores. En este sentido, indica el trabajo que “la participación del destinatario tanto en la elección, como en la adecuación y desarrollo de las tecnologías, no es sólo un acto de respeto, sino también una apuesta a un enriquecimiento de todo el proceso”.