Comunas al límite
El conflicto agropecuario que todavía repercute en la sociedad argentina y ha recrudecido como consecuencias de la dificultosa marcha de las negociaciones entre el gobierno nacional y las entidades ruralistas, puso en evidencia no sólo falencias en las políticas oficiales para el sector y los profundos desequilibrios del desarrollo en el territorio nacional, sino también múltiples reclamos sociales que como cuentas pendientes plantean un escenario complejo.
Los efectos provocados tras los primeros veitinún días de protesta agraria se comenzaron a manifestar en medio de la tregua, con comunas que alertaron sobre las dificultades para continuar funcionando normalmente, por un lado, por el impacto directo del conflicto en sus economías internas, y por otro, por la merma de recursos coparticipables que en algunos casos cayeron hasta un 40 por ciento. Se sumó a este preocupante panorama la disminución en la recaudación propia.
Cuando las primeras luces de alerta en el interior comenzaron a encenderse, el gobernador Hermes Binner otorgó a la totalidad de los municipios y comunas de la provincia un monto de 36 millones de pesos extra, para compensar la afectación anual dispuesta por la Ley de Financiamiento Educativo.
A través del decreto 994, el gobierno estableció “que durante el ejercicio 2008 la provincia transferirá con carácter no reintegrable un aporte adicional mensual a favor de los municipios y comunas equivalente al 13,43 % de la asignación específica efectivamente percibida en cada mes” para ser destinada “al gasto en educación, ciencia y tecnología, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.075”.
Como se sabe, esa norma establece que “las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la Nación” deben “alcanzar entre el 2006 y el 2010 un presupuesto de educación, ciencia y tecnología equivalente al 6% del Producto Bruto (PB)”, explicó el ministro de Economía.
Para esto la Nación toma parte de la coparticipación correspondiente a las provincias en un monto que estas tienen asignado contribuir a la formación de este Fondo de Financiamiento Educativo. Ahora, el gobierno de Santa Fe decidió que ese aporte sea asumido por la provincia, eximiendo a los municipios y comunas del mismo, y de paso mejorar la situación financiera de estos. El reestablecimiento de la coparticipación del 100% de ingresos brutos había sido una de las medidas iniciales de Binner en este sentido.
De todos modos, particularmente las comunas, deben afrontar otros desafíos: los incrementos en los insumos para la prestación de los servicios y en los aumentos previstos para su personal, ahora en mesa de negociaciones. En síntesis, más costos de funcionamiento, con iguales o menores recursos en sus arcas. Huelga decir que esta realidad se agudiza en las comunas más pequeñas, muchas enclavadas en tierras con millonarios excedentes de productos agropecuarios que no quedan en sus pueblos.
Sin tenor alarmista, el panorama resulta incierto en función de una dependencia histórica, no sin ribetes paradójicos: del centralismo que domina este país dependen las decisiones que se adopten para que otro “factor de dependencia” como es la producción de alimentos en las diversas economías regionales, genere la riqueza que se potencial permite y garantice un bienestar general en todas y cada una de sus poblaciones.
