Inseguridad: una ecuación irresuelta

Como suele definir un código de la política, muchas veces dos más dos no es cuatro. La inseguridad en la Provincia de Santa Fe es una ecuación difícil de resolver y la perspectiva cuantitativa parece dominar la escena: sumar equipamiento como única medida para intentar resolver el problema. En definitiva, reducir este flagelo a una cuestión matemática sin análisis políticos, sociológicos ni filosóficos.

Semanas atrás, el ministro de Seguridad de la Provincia, Raúl Lamberto, entregó 20 automóviles a la Unidad Regional I (URI) del departamento La Capital. Se concretó en el marco de la provisión de 336 vehículos adquiridos para reequipar a las 19 unidades regionales santafesinas. El ministro expresó el compromiso de “ir brindándole a la fuerzas policiales todos aquellos elementos técnicos y científicos, para que puedan realizar su actividad con toda la responsabilidad y la eficiencia posibles”.

Desde 2008 el gobierno provincial viene implementando el denominado Plan de Reequipamiento Policial, con la intención de dotar a las fuerzas de seguridad de los elementos indispensables para el desarrollo de su labor: móviles, municiones, chalecos antibalas, armamento, equipos de protección personal, entre otros recursos.

Durante los últimos cinco años, la policía provincial fue reemplazando viejas unidades y recuperando parcialmente su parque automotor con más de 1.000 vehículos entre automóviles, pick-up, motos, colectivos para traslado de detenidos, colectivos y furgones para traslado de personal policial, y colectivos equipados para la policía científica.

Sin embargo, se suscita una situación paradójica: en el último lustro, los índices de inseguridad aumentaron, particularmente en la capital provincial, con un claro predominio de asaltos en la vía pública, a locales comerciales y peatones, en cualquier horario del día y lugar de la ciudad. Es decir, todas modalidades delictivas cuya prevención sería posible con más presencia policial que, a pesar de una mayor cantidad de móviles, no termina de imponerse.

Area Metropolitana

A pesar de este necesario plan de reequipamiento, las ciudades y localidades del Area Metropolitana padecen problemas de inseguridad que parecen derramar de los contornos de la ciudad capital. La entrega de móviles policiales en esta instancia contempló dos camionetas nuevas para Santo Tomé, una para Recreo, una para Laguna Paiva, una camioneta y un auto para Monte Vera, al igual que para San José del Rincón. También de reinauguró la comisaría de Arroyo Aguiar.

Todos estos pueblos y ciudades, en particular Recreo, sufren escaladas delictivas periódicas, que asustan a sus habitantes acostumbrados a vivir la tranquilidad de ciudades pequeñas o ámbitos pueblerinos. La sensación de inseguridad y la inseguridad real, contribuyeron a tomar medidas por sí mismas. Muchas administraciones adquirieron cámaras de seguridad a fin de contribuir al esclarecimiento de actos delictivos, incluso en algunos casos fueron los propios vecinos quienes asumieron la inversión, como en el caso del barrios Altos del Sauce en Sauce Viejo.

La inquietud surge de todos modos para un conglomerado de más de 150 mil habitantes que se suman a la capital provincial, con fronteras abiertas (no se observan controles permanentes en las rutas Nacional Nº 11 o 168, ni en las Provinciales Nº 1 y 2), entre problemas de infraestructura (rutas y calles deficientes, escasa iluminación) y problemáticas sociales cada vez más complejas (villas miserias y asentamientos irregulares).

Realidad social

A una realidad social plagada de carencias por un lado, y multiplicación de actividad económica y social por el otro, que deriva en un flujo incesante de personas, la suma de móviles policiales aparece como un aporte no menor pero insuficiente ante la ausencia de políticas de seguridad visibles y falencias estructurales aún irresueltas (falta de vehículos aún en muchas zonas y de personal en las comisarías).

La inexistencia en los debates públicos de la marginalidad social como problemática grave y la escasa coordinación de acciones entre las jurisdicciones citadas, completan un diagnóstico del accionar público hoy avasallado por el accionar delictivo.