Un debate serio sobre población y desarrollo
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Un debate serio sobre población y desarrollo

Los datos dados a conocer por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) respecto del Censo 2001 en la provincia de Santa Fe, confirman una realidad: la existencia de comunas y ciudades que no cumplen con el mínimo poblacional para ser tales.

Los nuevos guarismos certifican que 5 ciudades no deberían ostentar ese rango y que 69 comunas no cuentan con el mínimo de habitantes requerido para poseer tal organización.

De acuerdo al Artículo 106 de la Constitución Provincial, “las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizarán como municipios por ley que la Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición, como comunas”.

En el último caso, las comunas, la norma señala que deben tener un piso de 500 habitantes, condición que no cumplen casi setenta poblaciones en la provincia.

Con estos elementos, el debate no debe quedarse sólo en la necesidad de corregir tal realidad con la Constitución en la mano. Respecto a las ciudades “truchas” es preciso estudiar cada caso en función de cómo se llegó a ese rango violando la ley. Pues nadie podría imaginar -al menos desde el punto de vista cultural- que una población que es ciudad hace 15 años, dejaría de serlo de un día para el otro.

En cuanto a las comunas, es coherente reconocer otra realidad: el éxodo hacia las ciudades por la crisis de las economías regionales en un país sumergido en la depresión, provocó una reducción poblacional que agrava la cuestión vinculada a la violación de la ley. Se trata entonces, de un problema socioeconómico y geopolítico complejo que debe ser analizado desde otra perspectiva.

Entorno a estas cuestiones, subyase un elemento que ha ocupado la escena política de los últimos tiempos en la Argentina: el gasto público y la mentada reforma política. El gigante de la burocracia estatal y la necesidad de “bajar el gasto de la política”, son dos componentes que no deben medirse con la misma vara ni apresuradamente.

Las causas que llevaron a este país a una situación de colapso no pasan por esos rubros, aunque pueden haber incidido en el deterioro de la República. A no confundirse: ese no puede ser el discurso dominante cuando hablamos de mejorar la administración de los recursos.

Antes habría que poner sobre la mesa una reforma tributaria que derive en un sistema más progresivo, que ataque la evasión y controle a quienes amasan fortunas o un presupuesto nacional equitativo que priorice la calidad de vida de los argentinos y no los bolsillos de los acreedores. Por citar, al menos, dos ejemplos.

Es claro sin embargo, que en el contexto de otras reformas estructurales, las decisiones deben contemplar la posibilidad de optimizar los recursos de la administración comunal y municipal. Entre 1990 y 2000, las provincias argentinas en su conjunto aumentaron en 147 % los gastos en sueldos, según datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (diario La Nación 19-02-02).

Santa Fe es una de las provincias con más gasto burocrático: 1.402.631 pesos de gastos en personal con una planta ocupada de 104.623 empleados. Las cifras del nivel provincial son elocuentes. Al margen habría que cotejar las situaciones en municipios y comunas.

Sin embargo, lo que ocurra con las provincias repercutirá en los otros niveles: con la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la sombra de ajuste seguirá nublando las administraciones provinciales. Eliminado el piso de coparticipación, las comunas y municipios recibirán recursos sólo en función de lo que se recaude. Más tarde vendrá la “reforma política” para un ajuste en las estructuras de estos, con ella desocupación o reubicación en otras áreas… del Estado. En última instancia, las fusiones con un parámetro economicista que no admite cuestiones culturales.

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